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Asociación Foro por la Memoria Democrática 01/04/2020

En los primerísimos días del mes de febrero, desde el diario ABC se denunciaba la destrucción, por parte de la administración francesa, de una serie sin definir de documentos fechados todos ellos en 1939 y en relación con lo que se originó aquel año tras la derrota republicana en la guerra contra el general Franco y sus aliados. Era un texto que, cuanto menos, al leerlo ponía los pelos de punta a cualquiera con un mínimo de interés por la verdad histórica que tiene que ver con nuestros compatriotas víctimas de la dictadura, en esta ocasión los que se vieron abocados a huir de una represión feroz, y en el que exponía una fatal agresión a nuestra memoria. Sin sutileza alguna, su intencionalidad no era otra que la de acusar de semejante atrocidad frente a los actos oficiales de conmemoración de su 80 Aniversario llevados a cabo tanto en nuestro país, como en otros lugares de la nación gala, en Montauban y en Colliure, así como el nulo interés para evitarlo por parte de la Dirección Gral. de Memoria Democrática, aún sabiéndolo, según se afirma también en el escrito.

El Archivo Departamental de Haute-Garonne (Alto Garona), ubicado en Toulouse, sería la mano que perpetrara físicamente el crimen siguiendo, como es preceptivo, la normativa vigente en aquel país. Todos los archivos de la Administración, a partir de una norma establecida para ello, realizan temporalmente lo que se conoce como expurgo o lo que viene a decir la RAE como procedimiento para determinar cuándo un documento pierde toda su utilidad o, por el contrario, ha de ser conservado. Quien escribe esto no conoce la norma francesa, pero sabe que los expurgos no se realizan de forma masiva y aleatoria sin criterio de conservación y archivo; es decir, el expurgo está vinculado a un procedimiento marcado por los especialistas. Otro asunto es que nos parezca bien o mal que se hagan estas cribas a sabiendas de los medios técnicos digitales con que se disponen para su copia y mantenimiento.

Evidentemente la alarma saltó entre los descendientes de nuestro exilio en Francia y entre las entidades españolas vinculadas o preocupadas por su memoria en España. Y no se encontró otra vía más directa que la de acudir a la fuente originaria del escándalo y a la administración local tolosana, que contestaron por escrito a cuanto se exponía en lo información del diario monárquico español y que sintetizamos así:

- El Archivo Departamental admite haber realizado expurgo en sus fondos documentales relativos a las mujeres y a los hombres españoles exiliados y reubicados, tras su paso por los campos de concentración, en las localidades de la zona, pero que estos fueron realizados entre los años 1997 y 1998, nunca en 2019, sin que afectara a documentación con base jurídica o policial, sino a la de carácter administrativo.

- Confirman que la criba sobre esta documentación se realizó de manera indiscriminada sin contemplar el interés que pudiera suscitar de cara, por ejemplo, a las investigaciones históricas que se hagan o se puedan desarrollar en el futuro (los permisos de residencia, por ejemplo) o a los propios afectados.

Podemos concluir que el interés por proteger, salvaguardar y mantener el patrimonio documental relativo a nuestra Historia reciente no es condición prioritaria a la hora de trabajar ni la memoria ni la Historia siquiera. En su defensa, dentro y fuera de nuestras fronteras, hemos de encontrar también el derecho que nos asiste a conocer la verdad. Y para el caso concreto que nos ocupa, el Instituto Cervantes de Toulouse, creado en 1991, mantiene una biblioteca que custodia fondos documentales (originales o copias compulsadas y digitalizadas) a donde podrían ir a parar aquellos que pudieran ser rechazados por los archivos que hasta ahora los guardan, hacia una ubicación definitiva.


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