Pan o Plomo

El abondono de las residencias de mayores y sobre todo en Madrid Las residencias para mayores deberían formar parte de una cobertura para atender a nuestros mayores y hacerlo desde un servicio público y de calidad. Nunca como un negocio.

Antonio Romero Ruíz. Presidente de Honor del PCA, ex parlamentario de IU y Coordinador de la Red de Municipios por la Tercera República. 04/05/2020

En España hay 381 mil plazas en residencias de mayores y el 52% son privadas aunque la mayoría son concertadas y se financian con aportaciones económicas vinculadas a la ley de dependencia. La OMS recomienda el 5 % de plazas residenciales de la población mayor de 65 años. Sería necesario contar con 60.000 plazas más en nuestras residencias. Solo cuatro comunidades se acercan o superan dicha recomendación: Aragón (6,22%), Asturias (5,8%), Castilla la Mancha (6,8%) y Castilla y León (7,1%).

De acuerdo con el IMSERSO, la población mayor de 65 años en España era en 2018 de 8,573.985 personas y el número de residencias 5.398. Ahora hay 213.435 contagiados por coronavirus y han fallecido 24.543 personas, más de 16.000 mil en residencias de mayores.

Galicia solo cuenta con un 33% de residencias en manos públicas. Madrid, un 42%. El precio medio del mercado que utilizan las residencias privadas para acoger a un usuario es de 1.500 euros mensuales. Solo el 15% de los pensionistas españoles cobran 1.500 euros.

Las residencias en España se han convertido en un negocio para fondos de inversión especulativos y algunos empresarios sin alma, procesados, como en el caso de Madrid, por la trama Gürtel del PP.

Las residencias para mayores deberían formar parte de una cobertura para atender a nuestros mayores y hacerlo desde un servicio público y de calidad. Nunca como un negocio.

Capitalismo sin escrúpulos

Las residencias concertadas con los gobiernos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos tienden a recortar los gastos para aumentar los beneficios. La mayoría de las residencias privadas con plazas públicas concertadas llegan hasta recortar en manutención, a recortar en personal sanitario y de atención, productos de higiene, limpieza, duchas, calefacción, etc. Ahora, en esta pandemia se han encontrado signos de abandono evidente, personas fallecidas que no habían sido retiradas de su habitación y sin notificar su muerte, entre otros incumplimientos graves, por lo que la Fiscalía General del Estado ha instado a las fiscalías de las comunidades autónomas a abrir y seguir los procedimientos a más de 116 residencias.

Mostrando esa cara del capitalismo sin escrúpulos que ni siquiera cumple con las cláusulas de adjudicación que le exigen cuando concursa para hacerse cargo de las plazas públicas. Sabemos por la información diaria que suministra el gobierno, a través de la Comisión Científico-Técnica, que el COVID-19 es un virus muy letal que se ceba en todos los países con las personas mayores. Pero ha sido en Madrid, Catalunya y Castilla y León donde se han dado más fallecimientos en residencias.

Lo anterior demuestra que debemos hacer una reflexión profunda, en esta sociedad actual en la que vivimos de forma vertiginosa, sobre este modelo económico donde empresarios sin escrúpulos van a tener que responder ante los tribunales de justicia por delitos como homicidio imprudente, abandono y falta de salubridad, es decir, el capitalismo criminal al banquillo junto a los bulos de la extrema derecha de VOX.

Los fondos de inversión especulativos se están haciendo con las residencias de mayores, solo cinco ya controlan el 20% de las plazas en Madrid.

La atención de mayores en residencias es competencia de las comunidades autónomas. Está claro que al adjudicar la residencia a la gestión privada, el objetivo de esta patronal es obtener el máximo beneficio manteniendo la precariedad laboral, las escasas atenciones médicas y los malos cuidados que reciben nuestros mayores. El triángulo es el siguiente: de una parte la masificación de residencias ante la falta de plazas públicas para cumplir las necesidades actuales a lo que se junta el hacinamiento para mayor rentabilidad de las instalaciones, por otra la proporción entre el personal sanitario y la cantidad de residentes presenta un gran desfase ya que a estas edades es cuando se necesitan más cuidados y no están cubiertos, a lo que se junta el recorte que la patronal de los fondos especulativos da a la calidad de la alimentación que incumple los menús geriátricos recomendados.

La mayoría de los inspectores y sus responsables políticos de Madrid y de otras comunidades autónomas no hacen su trabajo. Ahora con el coronavirus se ha demostrado que los más vulnerables de nuestra sociedad son los mayores que están en residencias mal alimentados, mal aseados y sanitariamente mal atendidos.

Los fondos especulativos se llevan los beneficios mientras nuestros mayores son maltratados y estamos hablando de nuestros padres y abuelos, de la gente que sufrió una postguerra y el hambre, que no fue a la escuela, que tuvieron que emigrar y trabajar con una dictadura terrible como la franquista y lucharon para que tengamos una sociedad más justa y solidaria.

Por todas estas razones, las residencias de mayores deberían cumplir a rajatabla lo estipulado en los pliegos de condiciones, llevando a la Fiscalía, como ha hecho Unidas Podemos, a los empresarios y a los fondos que han cometido homicidio imprudente y que han utilizado las residencias como aparcamiento de viejos/as para quedarse con la mayor parte de sus pensiones y aumentar su tasa de beneficios a costa de darles un trato inhumano, degradante y miserable. Una actitud típica de la naturaleza del capitalismo que es criminal.

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