Reclamación enviada por BERNARDO FUENTES BOBO al Defensor del PuebloResponsabilidad por las muertes en las residencias de ancianos

Bernardo Fuentes Bobo 14/06/2020

La pandemia y los variados y graves problemas derivados de ella, han puesto en evidencia comportamientos admirables de algunos seres humanos y deleznables de otros. Entre estos últimos se encuentran, lamentablemente, cargos públicos que deberían haber dado ejemplo de sentido de la responsabilidad y sensatez en momentos tan difíciles, cuando no dramáticos o trágicos, para la mayor parte de la población.

Entre los cargos públicos que han demostrado su falta de empatía, de preparación y de interés respecto a la sociedad a la que se supone que deben servir, destacan la Sra. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y el Sr. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la misma comunidad, miembros ambos de un denominado partido político que, desde hace decenios, parece estar ligado a casos de corrupción y a un interminable desfile de sospechosos, imputados y culpables ante diversos tribunales. La manera en la que ambos cargos públicos han actuado y continúan actuando respecto a las residencias de ancianos y los hospitales en la Comunidad de Madrid, podría ser calificada de irrespetuosa e irresponsable con nuestros mayores y con los profesionales de la sanidad. Irresponsable porque semejante comportamiento ponía y pone en riesgo el bienestar y la vida de miles de personas ancianas. Y canalla y muy probablemente delictiva por el elevado número de muertes que semejantes comportamientos de los mencionados cargos públicos han contribuido a producir.

Lejos de mostrar algún pesar o arrepentimiento, la señora Díaz Ayuso y su correligionario señor Ruiz Escudero se dedican a mentir públicamente respecto a los hechos producidos y sus trágicas consecuencias y a ocultar datos y echar las culpas a todos de sus propias irresponsabilidades, insensateces y canalladas.

Según los datos actuales, de los 19.444 ancianos que han muerto en residencias españolas por la pandemia, en las algo más de 700 residencias de la Comunidad de Madrid han fallecido 5.975 abuelas y abuelos con coronavirus o síntomas asociados. A esta tremenda realidad hay que añadir lo que se está sabiendo respecto a las instrucciones que presidenta y consejero impartían a los responsables de la gestión de los hospitales para que no admitieran a los ancianos que estos dos cargos públicos excluían. Para más escarnio, diferenciaban entre aquellos que tenían un seguro médico privado y los que dependían exclusivamente de la Seguridad Social. Toda una práctica clasista e inhumana, propia de individuos en cuya escala de valores lo que primero figura es el dicho tanto tienes, tanto vales.

Existe ya tanta documentación respecto a tan lamentable y escandaloso asunto que resulta relativamente extraño que algún fiscal o juez no haya intervenido para proteger el interés público. Lo que sí pretendieron hacer algunos togados respecto a peligrosísimos titiriteros, raperos y cantautores, demostrando -una vez más- lo rápidos que pueden ser en España algunos representantes de la justicia cuando de verdad, y por los motivos que fuere, quieren ser rápidos.

Mientras siguen los dramas y las tragedias derivadas de tan indecentes comportamientos de los dos mencionados cargos de la Comunidad de Madrid, la presidenta, tan aficionada a posar ante las cámaras, propone una corrida de toros benéfica en honor de los sanitarios. ¿No merece mente tan preclara que le sea otorgada su propia oreja y que le den cien o más vueltas al ruedo?

Como los escandalosos hechos que aquí denuncio son públicamente conocidos y social y mayoritariamente condenados, considero innecesario extenderme más. Por ello, de momento, solicito del Defensor del Pueblo que realice con urgencia las gestiones que estime pertinentes para que
- La señora Díaz Ayuso y el señor Ruiz Escudero, presidenta y consejero respectivamente de la Comunidad de Madrid, dimitan a los destituyan de inmediato por su reiteradamente demostrada incapacidad profesional, moral, social y política para desempeñar los cargos que ocupan, lo que constituye un peligro para la población. Que también se les exijan responsabilidades y reparación de los daños morales y económicos que pudieran haber causado con su irresponsable y contumaz comportamiento carente de empatía, ante un drama nacional de trágicas consecuencias para miles de personas.

- Se inste al Fiscal General del Estado a que, en cumplimiento del artículo 124 de la Constitución promueva la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley e inicie el procedimiento que jurídicamente corresponda, ante tan graves hechos y presuntos responsables directos e indirectos de los mismos.

- Ante el manifiesto deterioro de los niveles de educación, respeto y responsabilidad de determinados autollamados políticos en el Congreso y en otras instituciones, se inste a la presidencia del Congreso de los Diputados y a todos los representantes de los partidos políticos a que consideren legislar, urgentemente, un drástico desaforamiento de señorías y cargos públicos. Esto es ya necesario no sólo porque resulta escandaloso tanto aforamiento que atenta claramente contra el artículo 14 de la Constitución sino porque, además, hace efecto llamada para que algunos impresentables se crean que en lo que ellos llaman política vale todo y se sitúen por encima de todo porque están aforados, como el monarca medieval, y son, como él, intocables. Es muy probable que tanto la señora Díaz Ayuso como el señor Ruiz Escudero no hubieran actuado con tanto descaro e impunidad si supieran que no estaban aforados y que podrían ser tratados por representantes de la justicia u otra autoridad competente como cualquier súbdito, ciudadano o hijo de vecino. Se calcula que en España hay casi ¡250.000 aforados!, de los cuales unos 17.600 pertenecen a instituciones del Estado y Comunidades Autónomas. Un auténtico escándalo, por el que nos destacamos groseramente de los países de nuestro entorno, como dirían los que insistentemente presumen de constitucionalistas mientras demuestran con su comportamiento que la Constitución les importa un pimiento.
Deseo que, en esta ocasión, la presente solicitud sea atendida como en Derecho y en Democracia corresponde. No sólo por el Defensor del Pueblo sino también por otras instituciones que pudieran intervenir en relación con ella. No quisiera verme en la necesidad de recurrir otra vez al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para obtener legítima atención y justicia, como tuve que hacer hace años mientras autodenominados políticos y seres empuñetados repetían hasta la saciedad que España era un Estado de Derecho y una democracia avanzada .

En lo que algunos llaman ya pomposamente la nueva normalidad va a ser necesario hacer muchas cosas nuevas y normales en democracia para evitar que se cumpla la predicción del Gran Jefe Seattle. En la carta que éste piel roja swamish envió en 1854 al entonces presidente de Estados Unidos Franklin Pierce, vaticinó que, de seguir aquellos rostros pálidos despreciando la vida y valorando sólo el dinero, acabarían sofocados en sus propios desperdicios. La realidad pseudo política española, con una presunta oposición que más parece deposición, se asemeja con frecuencia a un estercolero. Si no empezamos a tomar urgentes medidas al respecto, acabaremos todos asfixiados en él. Y una de esas medidas es limpiar el ambiente de incompetentes e indecentes oficializados que, en vez de facilitarnos la vida, se dedican a complicárnosla, amargárnosla y ponérnosla en peligro, incluso hasta las más dramáticas consecuencias.

Le saluda atentamente y, a pesar de todo, con optimismo.

Bernardo Fuentes Bobo
13 de junio de 2020, año del prolongado confinamiento debido a la pandemia.

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