Editorial

Que no haya impunidad para los responsables de las muertes en las residencias de ancianos Las privatizaciones del PP provocaron la precarización de las residencias y redujeron la capacidad de reacción de los hospitales. Cuando las urgencias se saturaron, el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid ordenó no hospitalizar a los ancianos.

Mundo Obrero Redacción 24/06/2020

El gobierno del PP en la Comunidad de Madrid ordenó que no se hospitalizara a la mayoría de los contagiados por el coronavirus en las residencias de ancianos. El 80% de los fallecidos en marzo que vivían en residencias no fueron trasladados a un hospital. Es la conclusión de casi todas las investigaciones periodísticas sobre lo sucedido durante lo peor de la pandemia. Incluso Ciudadanos, el socio del gobierno del PP en Madrid, considera que la decisión no fue ética y probablemente es ilegal.

No debe haber impunidad para los culpables y, aunque todavía hay que determinar rigurosamente la responsabilidad política y penal, parece evidente una secuencia de actuaciones que desembocaron en la condena a una muerte indigna en el negocio de las residencias de ancianos.

Las privatizaciones del PP provocaron la precarización de las residencias y redujeron la capacidad de reacción de los hospitales. Cuando las urgencias se saturaron, el gobierno de la Comunidad de Madrid ordenó que no se hospitalizara a los ancianos contagiados y dejó que se murieran en las residencias.

La responsabilidad política puede ser también penal si provoca muertes y la responsabilidad penal necesita complicidades políticas cuando tiene una gran repercusión social.

No debe haber impunidad, ni penal ni política, para los gobernantes y los partidos que debilitaron la sanidad pública y los servicios sociales, reduciendo su capacidad de reacción frente a emergencias como la del coronavirus y facilitaron que las residencias para ancianos se convirtieran en negocios de cuidados precarizados con consecuencias mortales. La competencia sobre las residencias es exclusivamente de las comunidades autónomas.

Las fiscalías han abierto 160 investigaciones penales: 93 en Madrid, 29 en Barcelona y 17 en Castilla y León. La Cadena SER calcula que han muerto 20.000 residentes, 6.000 en Madrid y 4.000 en Catalunya. Entre marzo y abril, murieron en Madrid el 10% de los ancianos de las residencias y se contagiaron el 40% de las trabajadoras. Hasta el Tribunal Supremo ha llegado, por su condición de aforada, la querella de los familiares de las víctimas contra Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, por denegación de auxilio, trato vejatorio, prevaricación y homicidio imprudente.

La acusación considera probado que el gobierno regional ordenó que no se trasladase a los hospitales a los ancianos contagiados que padecieran graves dependencias o discapacidades físicas y mentales. Decisión que se aplicó a pesar de la advertencia de Alberto Reyero (Ciudadanos), consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid: “No deben existir criterios de exclusión de los hospitales basados en niveles de dependencia o discapacidad porque podría ocurrir que personas con buenas expectativas de vida fueran rechazadas y murieran de forma indigna, con lo que incurriríamos en una discriminación de graves consecuencias legales”.

Los familiares que han acudido a los tribunales aseguran que a la exclusión por dependencia y discapacidad se añadió un límite de edad, impidiendo el acceso a los hospitales de los contagiados con más de 75 años.

Además de en Madrid, las denuncias por no hospitalizar a los ancianos contagiados han proliferado también en Galicia y Castilla y León. Tres comunidades gobernadas por el Partido Popular.

Las residencias para ancianos son un gran negocio de 4.500 millones de euros sobre una necesidad social preferente que la oferta pública no está cubriendo. Sólo el 17% de las plazas son de centros públicos, el 15% concertadas en privados y el 68% negocios empresariales que se aprovechan de los contratos con las administraciones regionales. En Madrid, son públicas sólo 25 de las 475 residencias. Hay una lista de espera de 28.000 ancianos. No se ha construido ningún centro desde 1983.

En la información más completa de las publicadas, INFOLIBRE llegaba a la conclusión de que fondos de inversión, multimillonarios y algún empresario corrupto controlan los trece mayores grupos de residencias. Entre ellos destaca Clece, la filial de ACS, de Florentino Pérez. Es una de las empresas con más beneficios gracias a la hacienda pública pero pretende que la Comunidad de Madrid asuma las pérdidas ocasionadas por el coronavirus.

Desde hace mucho tiempo, las familias de los ancianos y las trabajadoras (90% del personal) venían denunciando la precariedad de las residencias. Las empresas aumentaban el beneficio de su gestión mediante el hacinamiento de los residentes, la mala alimentación, la mínima atención sanitaria, los cuidados insuficientes, la reducción de las plantillas, la escasez de equipos de protección y las pésimas condiciones laborales y salariales. El Defensor del Pueblo había advertido sobre la necesidad de vigilar el negocio de las residencias, cuyo control depende exclusivamente de los gobiernos de las comunidades autónomas: “Es imprescindible que las comunidades creen con urgencia o incrementen adecuadamente unos servicios de inspección suficientemente dotados de personal correctamente formado para que puedan llevar a cabo su función de vigilancia de forma eficaz”.

La Marea de Residencias reclama una ley estatal que las regule y que todas sean públicas, con condiciones laborales dignas y seguras, una remuneración adecuada y una proporción de trabajadoras y residentes que garantice la calidad en la atención y los cuidados. Exige además una exhaustiva auditoría del sistema mayoritariamente privatizado que ha demostrado ser inhumano y degradante. La Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores advierte que “no podemos dejar que la gestión de un derecho esté en manos de un negocio”.

No se puede olvidar que la puerta de las privatizaciones se abrió el 10 de abril de 1997 con una ley aprobada en el Congreso de los Diputados gracias a los votos del PP, el PSOE, CiU, el PNV y Coalición Canaria: “La prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas”.

El presidente del gobierno se comprometió a establecer una comisión de investigación parlamentaria sobre la sanidad y dijo que “probablemente tengamos que hacer una reforma de nuestra Constitución para blindar este servicio público”.

Publicado en el Nº 335 de la edición impresa de Mundo Obrero junio 2020

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