Inversión pública para la reactivación económica. Un modelo laboral más democrático.Hay que derogar la reforma laboral Romper la inercia del contrato precario y el despido como fórmula de ajuste. Un Estatuto de los Trabajadores sin el tufo autoritario del empresario como autoridad única en la empresa.

Unai Sordo. Secretario General de Comisiones Obreras 24/06/2020

Se ha intensificado un mensaje fuerza desde numerosos focos de poder económico y mediático sobre la inconveniencia de derogar la reforma laboral. Con argumentos que van desde la seguridad jurídica a no tocar lo que funciona, la presión para mantener intacta la regulación laboral que se impulsó para provocar la caída de los salarios dentro del periodo de austericidio no ha hecho más que empezar.

La brutal caída de la economía producto de la crisis del COVID-19 ha facilitado este rearme del discurso consistente en sostener intacta la regulación laboral más agresiva contra la clase trabajadora de las últimas décadas. Como tantas veces, se utiliza el miedo y la incertidumbre para situar la elección entre la justicia y la eficacia como si fueran cuestiones mutuamente excluyentes.

Y no. La reforma laboral no solo es injusta para la mayoría trabajadora. Es ineficaz económicamente y favorece inercias del funcionamiento de nuestro mercado laboral y, por extensión, de nuestra economía que abundan en los problemas recurrentes de nuestro modelo económico.

Trataré de explicarme.

La reforma del año 2012, y en buena parte la del 2010, se hacen bajo una determinada lectura de la crisis económica en España y sobre cómo salir de ella para salvaguardar determinados intereses. De los acreedores exteriores, adelanto.

De forma sintética se hace el siguiente diagnóstico: España es un país sobreendeudado, sus agentes económicos privados -entidades financieras, empresas no financieras y familias- han crecido a lomos de una burbuja de crédito externo que dopó la economía y maquilló los déficits estructurales y nuestras recurrentes balanzas exteriores, deficitarias.

Los inversores que han hinchado esa burbuja -fondos de inversión, de pensiones y entidades financieras de Centroeuropa, en buena medida-, cuando estalla, quieren recuperar lo prestado. Se impulsan políticas agresivas de la llamada consolidación fiscal -reducción del déficit y recorte de gasto público- y se promueve la caída de los salarios como supuesta fórmula de recuperación del mercado exterior de la economía española.

Para eso es para lo que se impulsa la reforma laboral. Se pretende limitar la capacidad de los sindicatos en la negociación colectiva, otorgar poder al empresariado para modificar casi unilateralmente las condiciones laborales y salariales, y además se sigue apostando por la precarización de la contratación y la facilitación del despido libre y barato como fórmula de ajuste en el volumen de empleo.

El resultado es conocido. Se induce una segunda recesión en España, se incrementan las desigualdades, se produce una drástica caída de los salarios en la crisis y una lenta recuperación de los mismos tras ella. Los beneficios y los repartos de dividendos en las empresas no financieras crecen muy por encima de la remuneración de los asalariados entre el 2015 y el 2019.

Inversión pública para la reactivación económica

Solo en los últimos dos años hemos conseguido recuperar los niveles salariales previos a la crisis. Nuestro país sigue siendo el que mayor temporalidad tiene de Europa. Se incrementa el trabajador/a pobre. El deterioro de los salarios, especialmente de los más bajos, llega hasta el punto de que el propio PP -consciente de lo antieconómico de esta situación- inicia una senda de crecimiento del SMI en 2017, que se acelera tras la moción de censura y el gobierno de coalición, y se cierra con un acuerdo muy valioso entre el gobierno, los sindicatos y las patronales.

La situación de crisis ahora no tiene nada que ver. La economía española está en niveles de endeudamiento privado inferiores a la media de la zona euro. La brutal crisis que sufrimos nada tiene que ver con desequilibrios económicos sino con la hibernación necesaria para contener una pandemia que ha arrasado decenas de miles de vidas y podía colapsar nuestra atención sanitaria.

Tampoco la respuesta europea se está dando en los mismos parámetros. Se han suspendido -temporalmente- los dogmáticos carriles del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el BCE ha reaccionado rápido para evitar una escalada en las primas de riesgo y parece factible un plan de inversión de dimensión comunitaria que, por primera vez, se financiaría con deuda común europea que se irá pagando a través de los presupuestos plurianuales de la UE.

La cuantía (750.000 millones de euros) es netamente insuficiente y habrá que ver si finalmente los recursos que se liberan (transferencias y créditos) se condicionan a medidas para mejorar la estructura económica de los países o a nuevos ajustes en políticas públicas, como defienden los halcones holandeses y aplaude la derecha española.

El paradigma de salida de esta crisis no puede ser la austeridad sino un plan de reactivación económica donde la palanca de la inversión pública es determinante. Si se habla de incorporación tecnológica a los ciclos productivos, de mejora de los sistemas de formación permanente, de las transiciones a una economía baja en emisiones, ¿qué sentido tiene una reforma hecha para bajar salarios, debilitar la posición negociadora de los trabajadores y apostar por un país low cost?

La respuesta la hemos tenido en la convención empresarial organizada por CEOE. Los primeros mensajes de la élite empresarial española suenan viejos. Muy viejos: no tocar la reforma laboral, que es tanto como apostar por la devaluación salarial, nada de tocar impuestos, que, cuando se pide a la vez que el Estado salve la economía, es tanto como disparar el endeudamiento y someterse a las futuras consecuencias e incentivar mediante avales de créditos públicos la compra de viviendas en los disparatados precios de nuestros país, que es tanto como volver a modelos económicos con pies de barro.

Fortalecer el poder organizado de la clase trabajadora

La reforma laboral debe ser corregida, revertida o derogada, cada uno que escoja la denominación. Pero tiene que ser sustituida por una regulación laboral distinta.

Hay que revitalizar la negociación colectiva para que los convenios sirvan de regulación para el conjunto de la clase trabajadora y a su vez puedan ser adaptables a las distintas realidades de empresas y sectores. Excluyendo el dumping salarial.

Hay que regular la subcontratación y la externalización productiva que en España se han utilizado demasiadas veces, no para la especialización sino para externalizar riesgo empresarial convertido en precariedad laboral y bajos salarios.

Hay que dejar de utilizar la flexibilidad como eufemismo para referirse a la capacidad discrecional del empresariado de elegir qué convenio aplica, cuándo lo deja de aplicar o cómo modifica las condiciones de trabajo. Necesitamos fortalecer el poder organizado de la clase trabajadora, en la empresa y fuera de ella, con procesos de negociación equilibrados en un modelo laboral más democrático. El Estatuto de los Trabajadores, desde su creación, destila ese tufo autoritario del empresario como autoridad única en la empresa, lo que concilia mal con modelos donde el valor añadido en la economía moderna no viene de los modelos fordistas y tayloristas sino de muchas otras variables donde el empoderamiento de las y los trabajadores es clave.

Hay que romper la vieja inercia del contrato precario y el despido como fórmula de ajuste ordinario del volumen de trabajo. No hay nada más coercitivo que la amenaza del despido. En esta crisis por primera vez se está consiguiendo que la destrucción del empleo sea inferior a la caída del PIB. La utilización de los ERTES y las restricciones al despido decretadas por el gobierno -con acuerdos sociales en un caso y con propuestas sindicales por otro- están siendo la clave. Es evidente que este esquema de ERTES (exoneraciones de cuotas patronales y socialización temporal de los salarios a través del acceso al desempleo de más de tres millones de personas trabajadoras) no puede durar de forma indefinida.

Pero sí es posible buscar fórmulas que ante los problemas económicos puedan reordenar el tiempo de trabajo, contar con la cobertura de recursos públicos y hacer que el despido sea la última opción que tiene la empresa.

Hay que recuperar la intervención del poder púbico para condicionar los procesos de reestructuración empresarial o desinversiones. Hoy en día cerrar empresas en nuestro país es extremadamente sencillo. Ahí están los casos de Alcoa o Nissan, con unos gobiernos que tratan de convencer a las empresas de facilitar proyectos de inversión viable mientras en otros países como Francia el Estado tiene palancas reales para condicionar las decisiones empresariales.

Publicado en el Nº 335 de la edición impresa de Mundo Obrero junio 2020

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