Izquierda Unida / Plan Horizonte País Ambicioso pero posible y necesarioPrograma de reconstrucción para una salida justa de la crisis del COVID-19 Disputar la propiedad, tras décadas de imposición neoliberal, es el camino para reducir la desigualdad.

Carlos Sánchez Mato. Responsable de Políticas Económicas de Izquierda Unida 05/07/2020

La fase de contención de la emergencia sanitaria se ha logrado. Toca pensar en una reconstrucción que nos sitúe más cerca de resolver los problemas que ya existían antes del estallido del Covid19. Y eso obliga a no conformarnos con un Plan Marshall pergeñado por las élites que únicamente pretenden poner un paréntesis temporal al neoliberalismo.

Escuchar a los líderes de las grandes empresas españolas deja claro los ejes generales que, según ellos, deberían centrar el proceso. No es ninguna sorpresa que no son los mismos que los que necesita la clase trabajadora.

Antes de la detonación de la crisis, ya asistíamos a una crisis mundial de la reproducción social. Y si algo ha quedado demostrado en esta fase del capitalismo mundializado, es su fracaso para cumplir la promesa de garantizar la producción de bienes y servicios crecientes e ilimitados para toda la población.

Por eso, la Colegiada de Izquierda Unida aprobó el 30 de marzo un documento base en el que instaba a la realización de una propuesta que se sitúe en la perspectiva de cómo hacer frente a las consecuencias económicas, sociales y culturales que provoca la crisis del COVID19. La organización entiende que la crisis que vive el planeta viene a acelerar el proceso de reestructuración del capitalismo a escala global y pone de manifiesto la caducidad del modelo de país construido en España en las últimas cuatro décadas. No en vano, se ha asentado en altísimas concentraciones de riqueza y de poder en minorías sociales y nos sitúan ante la necesidad de abordar grandes transiciones en los próximos decenios. El golpe seco que ha supuesto la emergencia sanitaria y el desplome económico que anticipa, nos obligan a afrontar la profunda crisis civilizatoria ante la que nos hallamos y el desafío común de nuestro tiempo es ofrecer una respuesta democrática y justa que no deje a nadie atrás, especialmente a quienes son más vulnerables.

Por eso en primera instancia debemos impedir que las actuaciones de emergencia que se están articulando supongan, una vez más, un rescate estatal para socializar pérdidas que luego vaya seguido de un proceso de ajuste que pase por exigir más sacrificios a la clase trabajadora y que las grandes corporaciones puedan embolsarse los beneficios. En definitiva, no hay otra salida posible que dar por terminadas las políticas de austeridad.

Pero no basta con eso.

Es imprescindible disputar una batalla ideológica de alto calado que permita construir un nuevo sentido común que prime lo de todos frente a lo de unos pocos, la cooperación frente a la competencia, la solidaridad frente al egoísmo, el Estado frente al mercado y a los de abajo frente a los de arriba. Es el tiempo de hablar de cooperación, producción, de lo público, de vidas seguras, de equidad y de justicia.

Hacer realidad esos principios pasa por impulsar servicios de titularidad y gestión pública y la utilización de empresas públicas en sectores estratégicos. Dado que la actual emergencia ha demostrado que es imprescindible acudir al rescate desde el sector público, que sea a cambio de la propiedad para poner en marcha las transformaciones profundas que requiere la economía en nuestro país.

En definitiva, debemos fortalecer los instrumentos del Estado para garantizar una mayor protección social y un mayor control de la economía que supedite el mercado al interés general. Disputar la propiedad, tras décadas de imposición neoliberal, es el camino para reducir la desigualdad, avanzar hacia una democracia plena y garantizar que la crisis no sirva para empobrecer a las clases populares. Queremos avanzar en un Estado social que no solo nos proteja sino que ponga límites al enriquecimiento con dinero público de unos pocos y pueda redirigir la economía hacia las necesidades reales de nuestro país.

Más justicia fiscal

Sabemos que, cuando se plantean medidas de gasto e inversión pública ambiciosas, nos enfrentamos a un mantra enormemente extendido que dice que no es realizable porque no hay de dónde sacar fondos adicionales. No ocultemos que el Plan de Reconstrucción precisa de más ingresos públicos. Pero en absoluto se trata de una subida de impuestos generalizada sino de más justicia fiscal. Porque si de algo adolece nuestro país es de ese elemento fundamental de justicia, dado que las rentas y patrimonios elevados se han visto favorecidos de manera continuada con disposiciones legales que han aligerado su contribución a la Hacienda Pública. Se impone abordar una reforma fiscal justa, suficiente, equitativa y progresiva.

Porque la presión fiscal en España, el conjunto de los impuestos y contribuciones sociales en relación con el PIB, situó a nuestro país como el octavo con menor presión fiscal de los diecinueve de la eurozona en 2018, con un 35,4% del PIB, a pesar de que este porcentaje es siete décimas superior al registrado un año antes, según los datos publicados por la oficina estadística Eurostat. Pero la comparación óptima y adecuada no debería ser con la media de la Eurozona o de la Unión Europea. Más bien estaría España obligada a mirar hacia países más próximos al nuestro, no solo geográficamente, y a los que deberíamos aspirar a emular en cuanto a prestaciones y realización de políticas públicas.

No solamente está España a 6,3 puntos porcentuales de la media de la zona euro (41,7%), también es especialmente llamativa la distancia sideral que nos separa de las tres grandes economías del euro que superaron el 40%: Francia situó su presión fiscal en el 48,4%, Italia en el 42% y Alemania en el 41,5%. Francia lidera la clasificación total de presión fiscal, seguida de Bélgica (47,2%), Dinamarca (45,9%), Suecia (44,4%), Austria (42,8%) y Finlandia (42,4%).

Tendríamos que incrementar nuestro ingreso público en casi 76.000 millones de euros para situarnos al nivel de la media de la Eurozona o más de 156.000 millones de euros anuales para situarnos al nivel de Francia.

Para muestra, el botón del impuesto sobre sociedades. Si se hubiera mantenido el mismo porcentaje de aportación tributaria por parte de las empresas que había en 2007, un 3,3% del PIB, habríamos ingresado en estos trece años casi 210.000 millones de euros más que los que han entrado en la caja procedentes de las empresas de este país [1]. Para que la opinión pública pueda medir la magnitud de esta cantidad, basta decir que, si se hubiese dedicado a sanidad, los presupuestos hubieran podido ser un 23% superior a los efectivamente consignados.

¿Acaso esta bajada espectacular se debe a que las empresas ganaron menos dinero en 2019 que en 2007? No. Después de una década de crisis, los resultados contables de las empresas eran en 2019 superiores a los de 2007. Tampoco es que no pagan aquí porque las grandes compañías transnacionales españolas se han internacionalizado y abonan sus tributos en otros lugares del mundo. No es así. De hecho, la información de la Agencia Tributaria indica que las 134 grandes multinacionales con matriz española lograron en 2016 un beneficio de 91.894 millones y pagaron por este impuesto 11.594 millones en todo el mundo, un 12,6%. Y, en el caso más extremo, 27 de ellas pagan un Impuesto sobre Sociedades en todo el mundo del 0,3% de su beneficio.[2]

En definitiva, que no nos cuenten que no es posible y que no hay forma de financiarlo. No solo es posible, además es necesario.

Hace falta únicamente voluntad política para abordar la imprescindible transición ecosocial y afrontar de manera multidimensional la crisis global, transformando la economía en sentido amplio. Tal y como se indica desde el ecologismo social, la pregunta no es si queremos que el mundo cambie porque el cambio está sucediendo. Debemos resolver si vamos a hacernos responsables del cambio para evitar que lo lideren las élites hegemónicas o vamos a hacerlo teniendo en cuenta que los seres humanos tenemos un suelo mínimo de necesidades que garantizan una vida digna y también un techo ecológico que no es razonable superar si no queremos correr importantes riesgos.

Entre ese techo y el suelo de necesidades hay un espacio confortable y mucho mejor que el actual para la clase trabajadora. No hay otro obstáculo que las resistencias de quienes no quieren que haya cambios que les hagan bajar algún peldaño de donde ahora están. También la de todas las herramientas de las que se ha dotado el sistema para que no veamos otras recetas que las que no han funcionado, salvo para una minoría.

Es cuestión de voluntad política.

Y la tenemos.

NOTAS:
1. https://cutt.ly/JucATKU
2. https://cutt.ly/8ucAS57

Publicado en el Nº 335 de la edición impresa de Mundo Obrero junio 2020

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