La necesidad de desalojar al PP del gobierno de Galicia tras once años de Feijóo No puede ser que quien gestione la reconstrucción en Galicia sea la misma derecha que ha dejado crecer la pobreza, ha privatizado los servicios públicos y ha permitido la destrucción de 54.000 puestos de trabajo.

Eva Solla Fernández. Secretaria General del PC de Galicia 08/07/2020

Que Galicia aborda unas elecciones autonómicas atípicas es un hecho. Hace tan solo tres meses preparábamos una campaña sin poder imaginar cómo cambiaría la situación social y económica en el conjunto de España.

Las elecciones autonómicas en Galicia y Euskadi marcan el termómetro político del Estado, después de que el Gobierno de coalición se haya tenido que enfrentar a una crisis sanitaria nunca antes conocida.

La pandemia de coronavirus ha puesto sobre la mesa las miserias del sistema capitalista y ha dejado al descubierto a miles de familias ante la pobreza. Aunque bien es cierto que la actuación de nuestras compañeras en el Gobierno central ha sido decisiva para paliar en gran medida el impacto inicial de esta crisis con actuaciones en materia laboral y social, las necesidades van más allá y precisan del concurso de los gobiernos autonómicos.

Si en marzo decíamos que nos enfrentábamos al reto de la reconstrucción tras once años de Partido Popular y medio millón de personas en situación de pobreza y exclusión social en Galicia, hoy nos enfrentamos a la necesidad de una doble reconstrucción: Reconstrucción tras once años de Feijóo y reconstrucción tras el impacto del coronavirus.

Acto electoral el día 8 de julio en Vigo. De izd. a dcha. Martiño Noriega, Antón Gómez-Reino, Iria Figueroa, Alberto Garzón y Eva Solla

Si hay algo que debe reconstruirse es el tejido productivo de nuestro país. Galicia padece desde hace mucho un proceso de tercerización por todas conocido: estrangulamiento del campo y la pesca y eliminación progresiva de la industria. Casi la mitad de todo el empleo que se ha destruido en la época Feijóo ha sido empleo industrial.

El rosario de cierre de empresas en la última década es un problema muy serio que está sufriendo su puntilla con los casos de Alu Ibérica, Alcoa o Endesa. La consecuencia de haber invertido poco o nada en la modernización, en la diversificación productiva y en el I+D+i.

El Gobierno de la Xunta de Galicia, pese a poseer las competencias en materia de Industria, se ha limitado a intentar ejercer de intermediario en la consecución de contratos, con nulo éxito en la mayoría de los casos y a lo sumo, practicar una política de ayudas directas a grandes empresas cuyo rendimiento acaba muy lejos del bolsillo de la clase obrera.

La crisis del coronavirus tiene que observarse como la necesidad imperiosa de tomar parte de la planificación económica, de la participación pública de la industria y de la apuesta por la transición hacia producciones menos contaminantes. El relanzamiento y reconstrucción de nuestra industria precisa también de instrumentos de crédito público y una apuesta decidida por la innovación e investigación desde nuestras universidades.

Son estas medidas en relación a la industria, junto a aquellas referidas al empleo y a las cuestiones sociales las que han de marcar el debate y la propuesta para el modelo de la Galicia que queremos construir.

No podemos seguir asumiendo un país en el que sus mayores fallecen en residencias privadas sin tener los suficientes cuidados. Como en otros puntos del Estado, Galicia ha concentrado la mayoría de los fallecimientos por coronavirus en centros de personas mayores. Más del 45%. Todo después de once años de fomento de la empresa privada en los cuidados sociales y tan solo unos meses después de que el personal de los centros DomusVI en nuestra comunidad se manifestase a las puertas del Parlamento denunciando las bajas ratios de estos centros concertados.

El modelo de país que planteamos basa el ejercicio de los derechos sociales en servicios públicos. Es necesario reconstruir también la atención sanitaria y sociosanitaria, fortalecer lo público, fomentar la investigación, promover la prevención en materia de salud.

También será necesario reconstruir la relación de la administración con los medios y el derecho de gallegas y gallegos a acceder a una información veraz y plural. 107 semanas lleva ya el personal de la radiotelevisión pública de Galicia clamando contra la manipulación informativa en la TVG.

107 semanas denunciando la intervención del Partido Popular en la tele autonómica. Una intervención que se ha visto incrementada aún más si cabe desde el inicio de la pandemia, preparando una suerte de precampaña para la que también se han implementado más subvenciones públicas a medios privados.

Con este panorama se hace más necesario que nunca desalojar a la derecha del poder. La misma derecha que ha dejado crecer la pobreza en los últimos años, que ha sido encargada de destruir 54.000 puestos de trabajo pre-pandemia y ha privatizado los servicios públicos, no puede ser la que pase a gestionar la necesaria recuperación.

Del voto de gallegas y gallegos dependerá la doble reconstrucción: salir de los estragos del coronavirus con la menor afectación para los más vulnerables y poder recuperarse de once años de recortes sociales de Feijóo.

Publicado en el Nº 335 de la edición impresa de Mundo Obrero junio 2020

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