Miembro de la Comisión de la Verdad en ColombiaCarlos Martín Beristain: “Colombia todavía tiene enemigos de la paz con mucho poder” “Las víctimas militares y de la guerrilla en Colombia son el 10% del total. Hay otras dimensiones económicas que están detrás del conflicto”

Gema Delgado 19/07/2020

El conflicto armado en Colombia duró 50 años y ha dejado 9 millones de víctimas. Cuando en noviembre de 2018 se firmaron los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno, y se creó la Comisión para el esclarecimiento de la paz, la convivencia y la no repetición, el entonces presidente Juan Manuel Santos declaró: “Una sociedad no puede superar un pasado de violencia si no conoce y reconoce lo que ocurrió”. Pero la verdad resulta incómoda para quienes mandan en el país: demasiadas violaciones, secuestros y asesinatos. Se cuentan entre 80.000 y 100.000 los desaparecidos y en más de 8 millones los colombianos desplazados y exiliados por culpa del conflicto.

El actual presidente, Iván Duque, heredero político de Uribe, no cesa de poner palos en las ruedas al proceso de paz. No se están cumpliendo los acuerdos y se siguen cometiendo asesinatos en la impunidad. Desde la firma de los acuerdos de paz y hasta el momento de enviar a imprenta este periódico han sido asesinados 913 líderes sociales, dirigentes indígenas, campesinos, sindicalistas y defensores de los derechos humanos. Han matado a más de 217 ex combatientes de las FARC que entregaron las armas. Y han aprovechando el confinamiento del Covid19 para continuar sus asesinatos selectivos con más intensidad y mayor impunidad.

La Comisión de la Verdad tiene el mandato de investigar, durante tres años, esos crímenes en el conflicto armado colombiano. Se autodefine como una entidad autónoma de transición para comprender lo que sucedió y para empezar una nueva etapa de convivencia y no repetición. Al terminar su mandato entregará un informe que explique los hechos más graves ocurridos durante el conflicto armado y sus consecuencias humanas y sociales. Posteriormente, un comité independiente hará seguimiento a las recomendaciones que haga la Comisión.

El vasco Carlos Martín Beristain es uno de los comisionados que trabaja en ella. Médico y psicólogo, tiene amplia experiencia en la investigación de la violación de los derechos humanos en otros grandes conflictos: Méjico, Perú, Paraguay, Ecuador, el Sahara Occidental... Fue él quien coordinó, en 1998, el informe “Guatemala nunca más”. Y hace poco más de tres años formó parte del grupo de expertos que investigó los 43 estudiantes de Magisterio desaparecidos en México. Dejó testimonio en uno de sus libros: El tiempo de Ayotzinapa.

Le entrevistamos a primeros de marzo, días antes de que comenzara el confinamiento por el Covid 19.

Cuenta Beristain que cuando en El Salvador preguntaron a una madre qué esperaba de la Comisión de la Verdad, ésta respondió: “Mire, nosotras, las víctimas, sabemos; los responsables saben lo que lo han hecho; lo que queremos es que la sociedad sepa”. Y esto es parte del trabajo de la comisión, explica “hacer para que la sociedad sepa y se deje tocar por esa victimización masiva, reconocer el dolor de todas las víctimas como un dolor de toda la sociedad. Y recoger las recomendaciones para que eso no se repita”.

MUNDO OBRERO: ¿Cuál es cometido de esta Comisión de la Verdad en Colombia?
CARLOS MARTÍN:
La Comisión de la Verdad tiene que hacer un examen crítico de lo que ha pasado en el país, investigar las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Tiene un carácter extrajudicial y no se van a determinar responsabilidades individuales sino colectivas: el Estado, el ejército, las FARC, determinado batallón o frente.

Tenemos dos mandatos fundamentales. Por una parte, la gente, especialmente las víctimas, nos pide, una verdad que expliqué el porqué del conflicto armado colombiano, por qué se ha intentado tantas veces construir la paz y se ha acabado reagudizando el conflicto. Quieren saber quiénes los son los responsables y quienes se benefician de ese conflicto.

La Comisión tiene que investigar las causas históricas, los diferentes periodos y los impactos que han dejado en las víctimas y en la sociedad. También las fortalezas y lo que la gente ha hecho para afrontar la verdad.

El segundo mandato es lo que llamamos Diálogo social y tiene que ver con el reconocimiento a las víctimas, a quienes se ha asesinado, desaparecido, torturado, violado… Y además se les ha criminalizado y se ha minimizado los hechos.

M.O.: ¿Cómo está trabajando la Comisión de la Verdad?
C.M.:
Hemos entrevistados a líderes sociales, jueces que se han tenido que ir del país por haber hecho bien su trabajo, funcionarios del Estado, ex miembros de grupos armados que se desmovilizaron y a los que cuando empezaron a matarlos salieron del país... Líderes políticos, campesinas, afrodescendientes. Toda una variedad de tipos de víctimas y responsables y de diferentes épocas, sobre todo desde finales de los setenta hasta la actualidad.

La Comisión está organizada en diferentes territorios. Hay 28 Casas de la Verdad en el país para acercar la comisión a las víctimas y cuentan con equipos móviles que visitan las comunidades. Hemos recogido hasta ahora 12.500 testimonios.

Además tenemos la Colombia fuera de Colombia, que representa más de medio millón de refugiados repartidos por el mundo con necesidad de protección internacional por motivos del conflicto. Sólo en Ecuador se tramitaron 200.000 solicitudes de refugio de colombianos y se dio refugio a 66.000.

M.O.: El conflicto ha dejado a 8 millones de desplazados internos.
C.M.:
La primera vez que fui a Colombia fue a un campamento de desplazados. Había una señora que tenía una virgen. Cuando le preguntamos qué le pedía a su virgen nos contestó: “que si hay otro desplazamiento no haya nada bajo los pies”. Las primera de las dos veces en las que tuvo que desplazarse había esmeraldas bajo tierra; la segunda, minas de oro.

Cada vez la guerras se hacen más contra la población civil. Las víctimas de los militares y de la guerrilla en Colombia son el 10% del total. Hay otras dimensiones económicas que están detrás del conflicto y que la comisión tiene que desvelar.

M.O.: No será fácil que la gente que tuvo responsabilidades y detenta el poder reconozca los crímenes.
C.M.:
Cuando se presentó el informa de NNUU sobre Derechos Humanos en Colombia la respuesta gubernamental fue atacar al mensajero diciendo que era una información sesgada que no se corresponde con la realidad, cuando sabemos que no era sí. Hay que asumir las verdades incómodas porque es mejor una verdad incómoda que seguir en la mentira. Hay que convertir este proceso de paz en una oportunidad de transformación porque Colombia no puede seguir condenada a los ciclos de violencia que ha tenido en el pasado y que amenazan en la actualidad el proceso de paz.

M.O.: Si el periodo en el que tiene que investigar la Comisión concluye en la fecha de la firma del acuerdo de paz ¿qué pasa con los asesinatos que se han seguido cometiendo desde entonces?
C.M.:
Suman más de 900 líderes asesinados, de ellos más de 210 miembros de las FARC desmovilizados que entregaron las amas, y la gente sigue saliendo y pidiendo asilo. La comisión no puede dejar de atender estos casos.

Nuestro mandato es la no repetición. Y la continuidad del conflicto armado es un elemento clave de la repetición que podría cerrar el espacio para la transición política que el país necesita o cuestionar el alcance de la paz. Y eso no puede pasar. No puede ser que quienes quieren negar el conflicto y no tienen interés en una resolución efectiva, terminen teniendo el control de la situación.

Así que sí estamos tomando testimonios de casos actuales para abrir un espacio de diálogo con las víctimas, la fiscalía, la procuraduría, las instituciones del Estado y los líderes sociales.

M.O.: Ya hubo unos acuerdos de paz, que acabaron con el genocidio político de la Unión Patriótica entre los años 80 y 90. ¿Podría repetirse algo similar?
C.M.:
No puede volver a pasar. Con la Unión Patriótica hubo un exterminio político aún por determinar. Tienen una demanda ante la Corte Interamericana contra el Estado con más de 6.000 víctimas entre desaparecidos, torturados, desplazados, asesinado…. Aquello supuso 20 años más de guerra, acabar con la oposición, el cierre del espacio político.

M.O.: ¿Qué hacer para acabar con estos asesinatos selectivos hoy?
C.M.:
Lo que está pasando ahora es gravísimo. A la sociedad colombiana le toca movilizarse y no perder la sensibilidad. Al Estado y al gobierno le toca mirarse en el espejo y asumir su responsabilidad en la falta de protección y dar una respuesta ejemplar. Y a la comunidad internacional le toca acompañar el proceso y ayudar a visibilizar estas cuestiones.

M.O.: En los últimos meses la gente presiona en la calle para conocer la verdad de lo que pasó en Colombia y que se cumplan los acuerdos de paz.
C.M.:
Los jóvenes que se están manifestando en la calle unen dos cosas que estaban separadas: las demandas económicas y sociales y el cumplimiento del proceso de paz. Es un símbolo de esperanza. No quieren que les condenen a vivir en este contexto.

También los alcaldes y gobernadores elegidos en las recientes elecciones empujan para el cumplimiento de los acuerdos de paz.

Estamos en un punto crucial: ir a un nuevo ciclo de guerra, que quieren imponer algunos, o hacia una transformación efectiva de la sociedad. Y para eso es clave la verdad.

M.O.: En uno de los relatos de tu blog “La maleta colombiana” recoges el testimonio de una madre de Soacha hablando de los falsos positivos, como su hijo, negados siempre por el Estado.
C.M.:
Gracias a esas madres nos enteramos de lo extensas que eran esas prácticas. Se secuestraba a jóvenes de diferentes barrios marginales para presentarlos como muertos en combate. Se les llevó a diferentes lugares, se les asesinó, se les puso un uniforme de la guerrilla o un arma y les contaron como muertos en combate. Eran ejecuciones extrajudiciales.

Ahí había varios factores, según han ido contando los responsables: por una parte, la presión para aumentar las estadísticas de muertos en la guerrilla; por otra, los beneficios personales de los autores en términos de ascensos, vacaciones, privilegios.

M.O.: ¿Se pagaba por guerrillero muerto?
C.M.:
Sí. Es terrible. Nunca lo había conocido en ningún otro país del mundo. Y con un carácter muy masivo. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está juzgando más de 2.000 casos, pero organizaciones internacionales y de la sociedad civil tienen una base de datos con más de 5.000.

M.O.: Por su experiencia en comisiones la verdad en otros países, ¿cómo valoras el desarrollo de ésta?
C.M.:
En El Salvador y en Guatemala había mucho miedo pero las condiciones de trabajo eran mucho mejores. Sin embargo, el presidente de Guatemala que firmó la paz se negó a recoger el informe de la verdad porque rechazaba que se hubieran cometido actos de genocidio contra la población maya como los que decretó, investigó y documentó la comisión de la verdad. Fue un mal presagio de lo que iba a pasar después. Al año siguiente hubo algunos asesinatos, pero no los que está habiendo hoy en Colombia. Allí las obstrucciones se dieron después de la presentación del informe. Aquí las presiones y los mensajes se está produciendo antes, tratando de condicionar el trabajo de la Comisión. Hay lugares a los que no podemos ir porque hay mucho miedo a hablar.

Por otra parte, la esperanza de Colombia respecto a otros países, es que aquí hay un movimiento social y una capacidad de resistencia enorme. La gente se ha mantenido viva, ha denunciado e investigado casos de violaciones de derechos humanos y ha creado redes e apoyo incluso en la época más dura. Tenemos que ver cómo fortalecer este tejido social y dotarle de nuevas herramientas para la transformación. Colombia tiene con qué hacer ese camino. Pero también tiene todavía enemigos de la paz con mucho poder.

Otro elemento positivo es que, por primera vez, la comisión trabaja con una unidad de búsqueda de desaparecidos, que se calculan entre 80.000 y 100.000, y la JEP que juzgará a los miembros del aparato del Estado y de las FARC responsables de violaciones de Derechos Humanos.

Publicado en el Nº 334 de la edición impresa de Mundo Obrero mayo 2020

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