Construir un modelo político, económico y social para una vida digna Contra la desregulación de las relaciones laborales y el sistemático incumplimiento de la ley con un sistema judicial debilitado en su función de servicio público.

Anabel Segado. Secretaria del Área de Movimiento Obrero / Abogada Laboralista en Activa-t Red de abogad@s 27/07/2020

Estamos a dos semanas ya de la nueva normalidad, con gran parte de las fronteras abiertas, con la reanudación de la actividad laboral en todos los sectores de manera parcial y condicionada, con la alerta de algunos rebrotes y especialmente en centros de trabajo, con nuestros niños oficialmente de vacaciones, a cargo de sus propias redes de cuidados y con escasa posibilidad de actividades de ocio públicas y privadas y padeciendo la falta de un sistema público de cuidados.

Y una de las cuestiones centrales de este inicio de verano ha sido el análisis del resultado de las medidas laborales y económicas de protección social en el denominado Escudo Social y cómo abordar en el período inmediato su desarrollo e implementación tras las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción, pero sobre todo, tras la sabiduría social acumulada, sentando bases firmes para que dicho proceso de reconstrucción se asiente en fortaleza social y coherencia política, que evite las causas que provocaron dramáticas consecuencias en el pasado, y más aún en el presente.

Durante el estado de alarma, ha sido múltiple la regulación de medidas de índole laboral para proteger al máximo el empleo y las economías de la clase trabajadora, no sólo por cuenta ajena, también autónomos, relaciones laborales especiales como las empleadas del hogar y las personas más vulnerables, por desempleo de larga duración o condenadas a la economía sumergida. En concreto, un total de 10 Real Decreto-Ley, que han ido afrontando la situación de emergencia y las alertas que se iban detectando y denunciando, partiendo como sabemos de un sistema de relaciones laborales profundamente dañado en los años anteriores, por reformas laborales que quebraron derechos, protección, capacidad de intervención sindical, condiciones laborales dignas, liberalizaron paulatinamente el despido, lo abarataron y, en definitiva, fueron el marco jurídico caldo de cultivo de una mayor explotación y una menor capacidad de respuesta, control y protección de la clase trabajadora y de las administraciones públicas frente a los abusos de la patronal poco o nada proclive a que se le pongan límites, como ha quedado demostrado con los ataques feroces a que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social haga su labor, tan necesaria y reclamada constantemente por las y los trabajadores y sus organizaciones, así como por los empresarios que entienden que el fraude daña y perjudica a toda la sociedad en su conjunto.

Para cumplir con los objetivos principales declarados por la ministra de Trabajo (el mantenimiento del empleo y del tejido empresarial, y el mantenimiento de rentas a quienes se veían afectados por el desempleo), ha sido preciso implementar diferentes medidas, como los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo), tanto los FM (derivados de fuerza mayor) como los ETOP (derivados de causas económicas, técnicas, organizativas y de producción), ampliando y regulando los supuestos de aplicación (por ejemplo, a los contratos temporales y a las empresas subsidiarias a la principal), ampliando y regulando un marco más protector de las prestaciones por desempleo (por ejemplo excluyendo del cómputo el período del estado de alarma y la ampliación a colectivos que antes no tenían derecho) y ampliando y regulando un marco de gestión que simplificara la acreditación de las causas de suspensión, agilizara los trámites y plazos e incluyera a todos los trabajadores fijos, temporales y fijos discontinuos y dotara al SEPE de una estructura mayor, tras años de adelgazamiento de este servicio público estatal.

Recuperación de los derechos laborales arrebatados

Es importante reseñar también la prohibición de acogerse a estos ERTE a las empresas con domicilio en paraísos fiscales y la prohibición de repartir dividendos entre sus accionistas a las empresas que se acojan a los mismos
. Porque sitúa el elemento clave de la disputa a futuro: la construcción de servicios públicos universales y de calidad es indispensable y por tanto, la construcción de un Estado fuerte y garantizador de los Derechos Humanos para todas es incompatible con el fraude, la evasión fiscal, la deslocalización. En definitiva, con la pretensión de los grandes capitales de debilitar lo público para hacer negocio en manos privadas cuando hay negocio y reclamar a ese Estado, a lo público, a lo común, el rescate cuando dichos beneficios no son los deseables o toca asumir redistribuir y sostener la vida.

Por tanto, tras el acuerdo para prorrogar los ERTES hasta el 30 de junio primero, y recientemente hasta el 30 septiembre, y la suscripción del Acuerdo del Gobierno, Patronal y Sindicatos mayoritarios para la Reactivación Económica y el Empleo, el camino emprendido al inicio de esta legislatura de recuperación de derechos laborales arrebatados, que se ha visto en cierto modo confinado pero absolutamente necesario e incuestionable, ha de ser abordado sin pausa. Una economía especulativa y centrada en el sector servicios y sin derechos nos condena a toda la sociedad a la miseria, en mayor o menor grado. Es indispensable una economía productiva y reproductiva al servicio de las necesidades de la mayoría, con derechos, industrializada, con soberanía pública sobre los sectores estratégicos y esenciales, con mayor participación de las trabajadoras y protectora de nuestro hábitat natural.

Pero hay un elemento más que en país supone un gran problema añadido a la desregulación paulatina de las relaciones laborales y el intento de destrucción de su naturaleza jurídica: el uso y costumbre del incumplimiento sistemático de la ley, potenciado por una administración pública debilitada en extremo y un sistema judicial debilitado también en su concepción de servicio público.

Cambios profundos que requieren de profundas fortalezas de la clase obrera, sus organizaciones sindicales y políticas, sus movimientos sociales, para afrontar la disputa por el poder real, al servicio de la mayoría social. Y esa fortaleza se construye desde el más pequeño ámbito y espacio, como esta pandemia ha demostrado que somos capaces de generar y sostener.

Publicado en el Nº 336 de la edición impresa de Mundo Obrero julio-agosto 2020

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