PSOE y UP solicitan una comisión de investigación en el CongresoAcusado el PP de organizar operaciones policiales ilegales para eliminar pruebas de su corrupción durante el gobierno de Mariano Rajoy La Fiscalía Anticorrupción pide la imputación de Fernández Díaz y Cospedal.

Mundo Obrero Redacción 10/09/2020

Los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos- En Comú Podem-Galicia en Común han solicitado una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados relativa a la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de gobierno del Partido Popular.

El levantamiento del secreto de sumario de la investigación denominada Operación Kitchen ha sacado a la luz hechos muy graves de utilización ilegal y partidista de los recursos del Ministerio del Interior durante el Gobierno del Partido Popular entre los años 2013 y 2015.

Tras años de investigación, la Fiscalía Anticorrupción ha enviado un informe al juez de la Audiencia Nacional en el que pide la imputación del ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y la ex ministra de Defensa María Dolores de Cospedal por el espionaje al antiguo tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, con el propósito de anular y hacer desaparecer pruebas relativas a la contabilidad B del PP, actualmente en instrucción judicial y pendiente de juicio, del caso relativo a los ordenadores de Bárcenas, en el que se investigaba un delito de encubrimiento por destrucción de pruebas por el que fueron juzgados distintos integrantes del PP y el propio partido, y del Sumario Gürtel en el que fueron condenados distintos integrantes del PP y se estableció en sentencia que el partido había resultado beneficiario a título lucrativo de estos delitos de financiaciónn irregular.

En el informe de la Fiscalía hay contundentes indicios de la presunta puesta en marcha de una trama “parapolicial” dirigida por el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el antiguo máximo responsable de la Policía Eugenio Pino.

Esta operación irregular, pagada presuntamente con fondos reservados, tenía como finalidad obtener “material comprometedor para altos dirigentes del PP”. Algunas de las pruebas aportadas en el informe apuntan al presunto conocimiento de la trama por parte de Mariano Rajoy, siendo entonces Presidente del Gobierno.

El informe señala también a la ex secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, por su “interés personal” en esta trama parapolicial, dado su papel “como afectada por documentación supuestamente comprometedora para ella misma”, y como máxima dirigente del partido, al “existir material comprometedor respecto de otros altos dirigentes del mismo”.

La Fiscalía Anticorrupción atribuye a Fernández Díaz y a Cospedal los delitos de prevaricación, descubrimiento y revelación de secretos y malversación. En el mencionado informe se citan asimismo conversaciones comprometedoras entre Francisco Martínez y el actual secretario general del PP Teodoro García Egea.

La gravedad de los hechos denunciados por la Fiscalía Anticorrupción revela que el Partido Popular habría utilizado presuntamente las instituciones del Estado durante el gobierno de Mariano Rajoy para desarrollar operaciones policiales ilegales, persiguiendo ilícitamente a personas y malversando fondos públicos en interés y beneficio propio.

Esta inaceptable utilización partidista con fines políticos de los efectivos, medios y recursos del departamento del Interior y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya misión es precisamente garantizar los derechos y libertades de la población, es claramente un abuso de poder que quebranta las reglas esenciales del Estado de Derecho y de la democracia.

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