Repartir la tierra para alimentar al pueblo Congreso en Mérida (24 de octubre) sobre la reforma agraria del siglo XXI

Rafa González 12/10/2020

La imagen se repite por todo el país. Una fila de personas espera a que llegue su turno y le atiendan para recibir productos básicos con los que poder subsistir. Se conocen como colas del hambre. El contenido habitual de cualquiera de estas bolsas suelen ser unas latas de sardinas, atún, magro y melocotón en almíbar, botes de alubias cocidas o garbanzos, tomate frito y varios paquetes de arroz, pasta y galletas junto a un pack de leche y una botella de aceite. Alimentos no perecederos que intentan mitigar las carencias que produce este sistema injusto.

Las consecuencias de las escenas que se repiten en los centros que se dedican al reparto de alimentos no se limitan a poner de manifiesto las situaciones de pobreza que sufre una porción cada vez más importante de la población española. El Ministerio de Consumo que dirige Alberto Garzón ha presentado el informe Aladino 2019 en el que se denuncia que el sobrepeso y la obesidad son más frecuentes entre las y los escolares de familias con un menor nivel de ingresos. Dicho de otro modo, que existe una vinculación de los niveles de salud de la población con la alimentación que se pueden permitir en función de su nivel de renta.

EXTREMADURA, LA TIERRA DE LA DESIGUALDAD

Extremadura tiene las dos provincias más extensas del país que ocupan los primeros puestos en riesgo de pobreza y desigualdad social. En la región, cerca de 90.000 personas se ven obligadas a recurrir a la ayuda alimentaria para las personas más desfavorecidas que reparte el Estado a través del FEGA. Según el último informe AROPE, el 44,3% de la población extremeña se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social, el dato más elevado del país, y el 38,8% tiene una renta inferior al umbral de la pobreza. ¿Cómo es posible que una tierra rica mantenga en la miseria a miles de familias? El latifundio y los gobernantes son los responsables de ese atropello a la dignidad humana.

En el estudio sobre la estructura de la propiedad de la tierra en España de Fernando Fernández y Carles Soler, se concluye que Extremadura es la región más desigual de toda Europa. El latifundismo está en la raíz del subdesarrollo y la dependencia de Extremadura. Tiene un vínculo muy estrecho con el paro y la emigración, que en Extremadura se ha convertido en una especie de ritual generacional. El latifundio es el resultado de un largo proceso de expropiación y explotación del campesinado y las clases trabajadoras. Comenzó con los repartos realizados a favor de la nobleza en los territorios conquistados a partir del siglo XIII y se vio favorecida por la desamortización civil y eclesiástica realizada en el Siglo XIX en condiciones tales que se favoreció el aparcamiento de las tierras en manos de un reducido grupo de propietarios absentistas. La región tiene 163 fincas de más de mil hectáreas.

No hace falta entrar en detalles para que cualquier persona interesada perciba hasta que punto este hecho está presente en la actualidad. La mayor finca de España se encuentra en Extremadura -las casualidades no existen-, concretamente en el término municipal de Alía, en la provincia de Cáceres. Se trata de la finca Valdepuercas, 18.000 hectáreas dedicadas a la actividad cinegética, propiedad del magnate vasco del acero José María Aristraín, una de las mayores fortunas del país, al que la Fiscalía del Estado le acusa de un presunto delito ante la hacienda pública por un importe de hasta 210 millones de euros. Otra de las mayores fincas del país ocupa 8.300 hectáreas en el término municipal de Valencia de la Torres (Badajoz). Es la finca Quintos de San Martín, popularmente conocida como La Rusal, propiedad del jeque Mansour bin Zayed, miembro de la familia real de Abu Dabi, dueño -además- del Manchester City Football Club. Podemos encontrar otros ejemplos en la geografía extremeña, como la finca Azagala, propiedad de Alonso Álvarez de Toledo, Marqués de Valdueza, que cuenta con 7.000 hectáreas en el término municipal de Alburquerque (Badajoz) o la finca Valero, con 4.850 hectáreas (1.350 en pleno Parque Nacional de Monfragüe), que es propiedad de Fernando Falcó y Fernández de Córdoba, Marqués de Cubas, heredero del Duque de Montellano. La lista es amplia y todos tienen un común denominador, son burgueses y aristócratas que acaparan tierras sin importarles que no produzcan beneficios para la sociedad.

REFORMA AGRARIA PARA ALIMENTAR AL PUEBLO

La Reforma Agraria no es otra cosa que poner la tierra en manos de quienes la trabajan o quieran trabajarla. Es sinónimo de acceso al trabajo pero también de colectividad, pues la cooperación es la mejor forma de gestionar los bienes naturales. La Reforma Agraria es la mejor arma para hacer frente al colapso ecológico que se nos avecina, pues la agroecología es la base sobre la que se organizará la actividad agropecuaria, siendo fundamental la integración agroganadera, el uso de semillas y variedades tradicionales, razas autóctonas y el mayor nivel de autosuficiencia energética posible.

La Reforma Agraria es una forma de dar una oportunidad al productor local y al modelo de comercio de cercanía. Es, en definitiva, un modo razonable y accesible de garantizar la tan necesaria soberanía alimentaria que nos permitiría alimentarnos con productos saludables y de cercanía frente al actual modelo agrario globalizado que no alimenta a la población y que, de la mano de un proceso intensivo de mecanización, propiedad y producción, prescinde del trabajo humano, condenando al paro y obligando a emigrar a la población mientras empobrece y envenena la tierra.

En Extremadura, con 2,5 millones de hectáreas de superficie agraria útil, si se repartiera la tierra, se podrían proporcionar 3 hectáreas a cada extremeño mayor de edad. Una posibilidad que supondría propiciar el reparto de la tierra en parcelas de pequeña propiedad agraria. En algunas comarcas de la región, como Las Hurdes, La Vera o el Valle del Jerte, ya se dan casos de fincas de 3 hectáreas -y menos- con una diversidad de cultivos asombrosa que alimenta a la familia y permite dedicar una parte a la comercialización en pueblos cercanos, al presentar una productividad mayor que las colindantes debido a la implantación de policultivos en diferentes estratos, acompañado de la reducción drástica del uso de químicos.

CONGRESO REFORMA AGRARIA

Para actualizar los conceptos y poner encima de la mesa la Reforma Agraria del Siglo XXI, la Asociación 25 de Marzo ha organizado un Congreso que se celebrará en Mérida el próximo sábado 24 de octubre, con el reparto de la tierra, la soberanía alimentaria y la agroecología como ejes centrales del mismo. La primera de las mesas debatirá en torno a la cuestión de la tierra en Extremadura y otros territorios y contará con la participación del MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra de Brasil), el Sindicato Labrego Galego, el Sindicato Andaluz de Trabajadores/as y la propia Asociación 25 de Marzo.

La segunda de las mesas versará sobre el cooperativismo y la producción ecológica. Para desarrollar este debate intervendrán cooperativas agrícolas que junto con Paulino Luna y Emilio Guerrero, históricos luchadores por la dignidad del campo extremeño, realizarán un análisis de como potenciar la transformación de los productos agrarios a través de cooperativas genera valor añadido y empleo en la industria de transformación y diversifica la oferta. Ambas sesiones se podrán seguir tanto presencialmente como a través de las redes sociales de la Asociación 25 de Marzo.

Desde esta asociación, que lucha por la dignidad del pueblo extremeño, defienden que la concentración de la propiedad de la tierra en unos pocos supone la limitación del mismo derecho para el resto, en un proceso de acumulación y desigualdad que poco o nada tiene que ver con el esfuerzo y la voluntad de las personas que han habitado durante generaciones la tierra y sí- por el contrario- con las leyes del desarrollo desigual del capitalismo y sus formas históricas de expresión, como, por ejemplo, el robo y el empleo de la violencia.

Las circunstancias por las que atraviesa la humanidad exigen una perspectiva diferente sobre la cuestión agraria, ligada a la redistribución de la riqueza que podría generar, la garantía del pleno empleo y la protección de los intereses de los pequeños campesinos. Que la Reforma Agraria implique el control público de la tierra en favor de los intereses de la mayoría social, incluyendo, cuando fuera preciso, expropiaciones forzosas sobre grandes latifundios.

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