Editorial

La condena del golpe de estado de julio de 1936 y del franquismo debe ser el eje, con presupuestos suficientes, voluntad política y un desarrollo institucional coherenteLey de Memoria Democrática, una victoria del movimiento memorialista Sólo la mayoría que permitió la investidura del actual gobierno de coalición entre UP y el PSOE podrá sacar adelante esta Ley

Mundo Obrero Redacción 21/10/2020

Inicia su andadura parlamentaria una Ley de Memoria Democrática. Por muchas razones, no es una simple reforma de la anterior de 2007, conocida como de Memoria Histórica. Lo primero que hay que constatar es que, la presentación de un proyecto de este calado, da la razón a quienes considerábamos que la ley impulsada por el gobierno del presidente Rodríguez Zapatero no ofrecía un marco seguro para avanzar en esta materia. En segundo lugar, que supone una victoria del movimiento memorialista que, frente a viento y marea, ha mantenido una lucha constante durante estos años, sin el amparo de una normativa eficaz. En tercer lugar, que el impulso de políticas de memoria a nivel local, sobre todo después de que las candidaturas de unidad popular alcanzasen el gobierno de muchos municipios en 2015, hacía necesario dar un paso adelante en el conjunto del Estado. Por último, y no menos importante, constatamos que supone la concreción de la voluntad política del acuerdo de legislatura firmado entre Unidas Podemos y el PSOE.

El proyecto de ley recoge reivindicaciones importantes que veníamos defendiendo la izquierda y el movimiento memorialista, aunque todavía quedan aspectos por concretar, matizar o incluir. Será muy relevante, por lo tanto, todo el proceso de debate público y parlamentario hasta la primavera de 2021, en el que está prevista su entrada en vigor. La derecha, en sus diferentes expresiones políticas y sociales, anuncia una oposición implacable a todos los niveles. Un primer mensaje lo lanzaron a los pocos días de la aprobación del proyecto de ley en el Consejo de Ministros, cuando el pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó con los votos de Ciudadanos, PP y Vox la retirada de las calles dedicadas a Francisco Largo Caballero y Indalecio Prieto. Aunque la decisión final la tendrá que adoptar la Junta de Gobierno municipal y caben dudas sobre la solidez jurídica de la propuesta, el mensaje de desafío está mandado.

Pero, por mucho que sea el griterío, las amenazas y los intentos de sabotaje, no cabe marcha atrás. La experiencia de 2007 demuestra que una ley que amaga pero que no se traduce en una política coherente tiene efectos contraproducentes. La condena del golpe de estado de julio de 1936 y del franquismo debe ser el eje de un conjunto de políticas públicas de memoria democrática, con presupuestos suficientes, voluntad política y un desarrollo institucional coherente. Por eso debe concebirse esta ley como un primer paso que tendrá que consolidarse en los tres años que quedan de legislatura. Habrá que aprobar un reglamento y el resto de la normativa de desarrollo que haga operativas muchas de las disposiciones de la ley, y habrá que desarrollar una energía constante para enfrentar las resistencias de quienes amparados en el aparato del Estado o en instituciones privadas pretendan sabotear el proceso. Que la ley contemple mecanismos de coordinación entre todas las administraciones y un amplio régimen sancionador son requisitos para que se cumpla el objetivo planteado.

Una mayoría institucional no será suficiente, la ofensiva de las derechas debe ser confrontada desde la movilización


El grupo confederal de Unidas Podemos, basándose en gran medida en el trabajo que había desarrollado Izquierda Unida y del PCE en anteriores legislaturas, había trabajado una proposición de ley consultada con las organizaciones memorialistas y los expertos. No ha sido un trabajo en balde. Buena parte de los contenidos que suponen un avance con respecto a la ley de 2007 provienen de esta iniciativa y, al mismo tiempo, señalen cuáles son los aspectos que deben seguir defendiéndose a lo largo de la tramitación, como la importancia de incorporar la normativa internacional de derechos humanos para combatir la impunidad de los crímenes del franquismo, la necesidad de derogar los epígrafes de la ley de amnistía de 1977 que han sido alegados para cerrar el paso a las investigaciones judiciales, la ampliación de plazos para incluir todo el periodo de la transición y muchos otros artículos que pueden ser mejorados.

Sólo la mayoría que permitió la investidura del actual gobierno de coalición entre UP y el PSOE podrá sacar adelante esta Ley de Memoria Democrática, por lo que debemos esperar mucho del debate parlamentario que ahora se abre. De cualquier manera, una mayoría institucional no será suficiente, la ofensiva de las derechas debe ser confrontada desde la movilización. La memoria democrática no es una simple mirada al pasado, es la mejor pedagogía que nos recuerda que sólo se ha podido avanzar en derechos y libertades cuando la mayoría social ha sido protagonista en las calles y en las instituciones. El antifascismo construyó una identidad colectiva en la Europa de la posguerra; España que se vio privada de su democracia republicana recobrará su identidad compartida, la que unió a sus pueblos frente a la agresión militarista, en la lucha por un nuevo país que esta ley impulsará.

Publicado en el Nº 338 de la edición impresa de Mundo Obrero octubre 2020

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