Unidas Podemos considera satisfactorio el acuerdo para garantizar unas pensiones dignas y un sistema público sostenible

Unidas Podemos . Declaración 27/10/2020

El acuerdo de gobierno de la coalición progresista supone un cambio rotundo de orientación de la política de recortes en el sistema público de pensiones que se había venido aplicando por el gobierno del Partido Popular. El ejemplo más evidente es el abandono del Índice de Revalorización de las Pensiones y su sustitución por una ley que garantice la actualización de las pensiones de acuerdo al IPC real. Pero hay otros como la derogación del Factor de Sostenibilidad, la reforma de las pensiones de viudedad o la cobertura de las lagunas de cotización de las personas con carreras irregulares.

Pero, ante todo, el acuerdo incluye la voluntad de proponer “a todas las fuerzas políticas y a los agentes sociales un nuevo Pacto de Toledo que garantice la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones”.

Nuestro objetivo principal en estos meses ha sido, precisamente, que el nuevo texto garantizara certidumbre a los y las pensionistas y a quienes lo seremos en el futuro sobre el fortalecimiento del sistema público de pensiones. El texto final de las recomendaciones recoge los objetivos plasmados en el acuerdo de coalición de cara a garantizar unas pensiones dignas y un sistema público sostenible y supone la derogación de facto de la reforma de las pensiones del PP de 2013. Por ello, estamos satisfechos con el acuerdo alcanzado que reivindica claramente el sostenimiento del sistema público, suficiente, solidario intra e inter generacionalmente y que nos permitirá seguir trabajando en el seno del Gobierno de Coalición en esta dirección.

En concreto, destacamos:

- Las recomendaciones suponen una defensa nítida de la configuración actual del sistema público de pensiones y la renuncia explícita al desarrollo de un sistema de capitalización individual que quebrantaría los principios de suficiencia y solidaridad por los que se rige nuestro sistema de Seguridad Social.

- Se defiende la revalorización de las pensiones con el IPC por ley, lo que supone un reconocimiento implícito de que el Índice de Revalorización introducido en 2013, y que implicaba la segura congelación de las pensiones durante años, era socialmente insostenible e incompatible con unas pensiones dignas.

- El Pacto de Toledo recoge también el compromiso de aumentar el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas, tal y como se convino en el Acuerdo del Gobierno de Coalición. Se considera necesario establecer alguna referencia que permita realizar un seguimiento continuo de la suficiencia de las pensiones.

- Las recomendaciones del Pacto de Toledo incorporan la perspectiva de género, en tanto que se establece la compensación de lagunas de cotización en las carreras laborales irregulares, por las que las mujeres se ven más afectadas, y también por las mejoras al acceso de la pensión de viudedad en caso de parejas sin vínculo matrimonial.

- En aras de garantizar la sostenibilidad del sistema, el acuerdo recoge el traspaso de gastos impropios de la Seguridad Social a la Administración General del Estado, así como realizar una revisión de las bonificaciones a la contratación de colectivos no vulnerables, las cuales no han sido exitosas a la hora de fomentar la creación de empleo.

- En relación con lo anterior, queda claro que la separación de fuentes no implica que el pago de las pensiones contributivas quede limitado a los ingresos por cotizaciones. Al contrario, se menciona explícitamente que los ingresos generales del Estado asegurarán la suficiencia de las pensiones.

- En el texto no se hace mención, como sí ocurría en el borrador anterior, a la posibilidad de alargar más el periodo de cómputo de la pensión (se mencionaba incluso que este plazo podría ser toda la vida laboral).

- Por el contrario, se menciona la posibilidad de la elección, en determinados casos, de los años más favorables en la determinación de la base reguladora.

- Se recoge el principio de que las cotizaciones de las personas que trabajan por cuenta propia se ajusten a sus ingresos reales.

- Respecto a la edad legal de jubilación, se elimina la referencia a que su ampliación es necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema conforme aumenta la esperanza de vida.

- Se afirma la conveniencia de acercar la edad de jubilación efectiva hasta la legal actualmente establecida. Para ello, se plantea la revisión de las penalizaciones a la jubilación anticipada y la mejora de los incentivos a prolongar la vida laboral. En cualquier caso, las modificaciones legislativas que se contemplen no deberán romper con el principio de suficiencia, de tal forma que ninguna persona en edad de jubilarse tenga que optar por alargar su vida laboral para compensar una pensión baja provocada por unas condiciones laborales precarias. Además, la revisión de las penalizaciones a la jubilación anticipada deberá considerar los sectores de actividad y las carreras laborales. Todo lo anterior, preservando las jubilaciones anticipadas de actividades penosas, peligrosas o insalubres.

- En cuanto al régimen fiscal y jurídico de las aportaciones a los planes de pensiones, si bien las recomendaciones no recogen su eliminación, sí se contempla su reorganización para beneficiar a los planes de empleo que se acuerdan en la negociación colectiva frente a los individuales, y posibilitan que trabajadores de distintos niveles de renta tengan acceso a ellos. Además, el gobierno tiene previsto reducir el límite de las aportaciones a planes individuales de pensiones que pueden beneficiarse de deducción.

- Se mantiene el Fondo de Reserva, constituido con los posibles excedentes de cotizaciones, pero se señala explícitamente que su caída en ningún caso se utilizará para justificar la reducción de las cuantías de las prestaciones.

- Se deberán reforzar las plantillas y los medios de la Seguridad Social, garantizando en todo caso el carácter público de la gestión del sistema.

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