El pueblo saharaui no puede ser el eterno rehén de la estabilidad en la región del Magreb

Remedios García Albert. Miembro de la Secretaría de Internacional del PCE 14/11/2020

Desde hace unas dos semanas, civiles saharauis se desplazaron hasta la zona sur del territorio del Sáhara Occidental en un intento de cerrar la brecha abierta por Marruecos para transportar mercancías, en su mayor parte materias primas obtenidas ilegalmente en el territorio saharaui, ante la mirada pasiva de los representantes de Naciones Unidas y con la complicidad de la Unión Europea que ha firmado acuerdos de explotación pesquera a espaldas del pueblo saharaui, sobre aguas de una plataforma marítima que no pertenecen a Marruecos. Pero además el corredor abierto está sirviendo también para dar salida a la droga procedente de Marruecos con la que se financian las organizaciones terroristas islámicas en el África subsahariana.

Esa parte sur del Sahara Occidental le fue adjudicada a Mauritania por el tristemente célebre Acuerdo Tripartito de Madrid, rubricado el 14 de noviembre de 1975, hace ahora 45 años, entre España, potencia administradora del territorio, Marruecos y Mauritania. Tras la firma, el ejército español salió del territorio abandonando a su población y los otros dos firmantes lo invadieron de inmediato. Sin embargo, Mauritania, que en un principio ocupó la zona sur que le correspondía según el acuerdo, apenas un año más tarde se distanció del problema y salió del territorio que inmediatamente fue tomado por Marruecos.

Hoy, los civiles saharauis, cansados de esperar una solución desde hace más de cuarenta años, se han movilizado en defensa de su territorio y sus recursos naturales, bloqueando la brecha abierta por Marruecos frente a la pasividad de la MINURSO, la misión de las Naciones Unidas que desde 1991, año en que se acordó un alto al fuego tras una larga guerra de 16 años, se encontraba en la región con el mandato de vigilar y procurar el mantenimiento del alto el fuego y para llevar adelante el referéndum de autodeterminación que debe concluir el proceso de descolonización de la antigua provincia española.

Los intereses que se juegan en la región son importantes y los sujetos numerosos. Marruecos juega con el potencial que le proporciona el saberse la barrera de contención hacia Europa, a través de las Islas Canarias y el sur de la península, de la emigración subsahariana, de sus propios habitantes y de los grupos terroristas fundamentalistas islámicos que fermentan en el Sahel. Y presiona a nuestro país y a la Unión Europea con la amenaza -como Turquía- de dejar abierta la salida a las pateras repletas de migrantes en un viaje desesperado en el que muchos pierden la vida. Francia no abandona su viejo sueño colonial y pretende imponerse en la región defendiendo las aspiraciones y los intereses de Marruecos que son los suyos propios. España resulta responsable de un fallido proceso de descolonización cuyas consecuencias llegan hasta el día de hoy, al haber abandonado sus obligaciones como potencia administradora y desentendiéndose del problema, incluso negando la nacionalidad a quienes nacieron en un territorio que fue provincia española hasta 1975 y convirtiendo así a los saharauis en apátridas.

La ONU, incapaz de llevar adelante en 29 años la solución para la que fue mandatada y que no ha nombrado un nuevo enviado especial tras la dimisión del alemán Horst Köhle hace ya casi un año, parece haberse resignado a los hechos consumados impuestos por Marruecos, abandonado su neutralidad, su obligación de proteger a la población refugiada y su tarea de hacer posible la autodeterminación de los saharauis. Esta actitud de la institución internacional ha sido la causa de la pérdida de confianza de los saharauis que, al verse abandonados una vez más, han tomado la decisión de defender su futuro por sí mismos a cualquier precio.

La Unión Europea, con su errática y pusilánime política exterior, se hace cómplice del expolio de los recursos naturales del territorio saharaui, al firmar contratos con Marruecos en desacato de la sentencia internacional que dictaminó la ilegalidad de negociar los recursos del Sáhara Occidental sin el acuerdo de su pueblo.

El cuadro de inestabilidad, intereses y conflictos irresueltos en una región acuciada de problemas es caldo de cultivo de una peligrosa situación de imprevisibles consecuencias. El escenario bélico que se presenta en estos días en la zona es alarmante, no sólo para la población ocupada y refugiada sino para toda la región y también para el sur de Europa.

Una parte de la población saharaui lleva 45 años albergada en campamentos de refugiados en un territorio en pleno desierto, cedido por Argelia, separada de sus familiares que quedaron atrapados en los territorios ocupados por Marruecos, con escasez de los recursos más necesarios para la vida, empezando por el agua. Hasta hace muy poco tiempo ni siquiera contaban con electricidad. A la población saharaui se le niega su futuro. Y no debe ser el eterno rehén en el equilibrio de estabilidad en la región.

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